Golpes no militares de gobierno

Patricio Navia

La Tercera, octubre 26, 2003

 

Los golpes de gobierno ya no son dirigidos por militares. Ahora que la comunidad internacional lisa y llanamente no acepta que los uniformados se hagan del poder por la fuerza, otras formas de desestabilizar gobiernos democráticamente electos se han comenzado a hacer populares. Pero al final del día, con o sin Junta Militar, los golpes de gobierno siguen siendo un poderoso síntoma de la debilidad de las instituciones democráticas en América Latina.

 

La noche que el presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Losada, se vio obligado a renunciar, muchos en la izquierda celebraron el triunfo del pueblo sobre las políticas neoliberales impuestas por las multinacionales y, naturalmente, los Estados Unidos. No pocos moderados tuvieron palabras de satisfacción porque se logró una solución pacífica al problema de ingobernabilidad que había afligido a Bolivia durante las últimas semanas.  Pero pocos subrayaron lo preocupante que resulta esta obsesión que se perpetúa en América Latina entre aquellos que habiendo fracasado por la vía democrática, buscan formas alternativas de llegar al poder.

 

Desde 1945, Bolivia ha tenido 27 presidentes. En promedio han durado 26 meses en el cargo. Si sumamos los presidentes provisionales y los golpistas que habiendo tomado el poder no lograron convertirse formalmente en presidentes de la república, Bolivia ha tenido 34 cambios de mando presidencial desde 1945. Uno cada 20 meses. En su segundo período Sánchez alcanzó a gobernar 14 meses. Después de experimentar el periodo democrático más largo de su historia (1982-2003), la renuncia de Goñi abre una interrogante sobre el futuro de la democracia boliviana.  Es cierto que esta vez, a diferencia de 1952 a 1964, cuando Siles Suazo y Paz Estenssoro del MNR se alternaron en el poder dando estabilidad, este quiebre institucional no fue producido por los militares. A diferencia del golpe de 1964 liderado por Barrientos y Ovando, esta vez fue el propio parlamento el que, en complicidad con el vicepresidente Carlos Mesa, dio el golpe de gobierno. 

 

Pocos días antes de la renuncia de Goñi, el ex cónsul chileno en La Paz Edmundo Pérez Yoma cándidamente habló en televisión de la necesidad de una salida que tuviera, a lo menos, visos de constitucionalidad. Pero como aunque el mono se vista de seda, mono se queda, la salida a la crisis fue un golpe disfrazado de salida constitucional. Es cierto que el presidente renunciado tuvo mucha responsabilidad al reprimir con violencia y ser incapaz de asumir un liderazgo efectivo (este fue otro caso más de segundas presidencias malas en América Latina donde el desempeño en el poder de aquellos líderes que se esmeran por volver al sillón presidencial ha sido mucho menos que óptimo.) Pero las responsabilidades son compartidas. Sánchez de Losada pagó todos los costos de ser percibido como aliado de Washington pero no recibió ninguno de los beneficios. La falta de voluntad de la administración Bush para apoyarlo sienta un pésimo precedente para otros líderes latinoamericanos que deben definir su relación con Washington. Por cierto, los cálculos cortoplacistas de líderes políticos de los partidos aliados y la propia actitud desleal de un vicepresidente que se mostró demasiado entusiasmado con la idea de reemplazar a su compañero de fórmula dejaron en evidencia la debilidad de la hasta hace poco celebraba democracia boliviana.  La irresponsabilidad de los propios aliados de Goñi subraya lo importante que ha sido para la estabilidad política de Chile la férrea disciplina y lealtad con los presidentes que han tenido los partidos de la Concertación.

 

Es cierto que Goñi apenas logró el 22,5% en una elección donde sólo votó el 71,9% de los  inscritos y que venció penosamente a sus contrincantes Evo Morales y Manfred Reyes, que obtuvieron 20,5% cada uno. Ante la ausencia de segunda vuelta, el congreso boliviano lo hizo presidente. Pero el descontento con este inusual sistema que permite y hasta facilita la existencia de presidentes minoritarios debiera canalizarse hacia una reforma constitucional que incorporara la segunda vuelta presidencial. En un estado de derecho el descontento debiera expresarse por los canales constitucionales existentes, no a través de presiones indebidas que alteran el orden y la seguridad. Pero la experiencia de Bolivia aparentemente demostró que basta con que un grupo suficientemente grande, aunque no necesariamente mayoritario, de personas exprese su descontento con el gobierno en protestas callejeras para invalidar la voluntad nacional expresada en la última elección. Aunque algunos celebren la democracia multitudinaria, las piedras, las pancartas y los mítines callejeros no debieran reemplazar a los votos como la expresión máxima de la soberanía popular.

 

Nadie discute que el renunciado presidente manejó con impericia la crisis y que su pérdida de apoyo político resultó de las docenas de muertes producidas por las protestas. Pero nadie puede alegrarse, ni siquiera sentirse aliviado, al ver que la renuncia forzada del presidente constitucional de Bolivia deja una vez mas en evidencia la fragilidad de las instituciones democráticas de América Latina.