El periodo presidencial

Patricio Navia

Revista Capital #177, abril 7, 2006

 

En su última entrevista a un diario antes de abandonar La Moneda, el Presidente Lagos reflexionó sobre la posibilidad de establecer un periodo presidencial de 4 años con re-elección. Aunque la idea evidentemente tiene méritos (varios países presidencialistas con democracias estables tienen ese sistema), al discutirla debiéramos repensar más cuidadosamente los poderes y atribuciones constitucionales del Presidente, del congreso y los pesos y contrapesos que existen entre ambos poderes.

 

En Estados Unidos, donde los periodos de 4 años con una sola re-elección son la norma constitucional desde hace más de 60 años, los presidentes dedican buena parte de su primer periodo a construir las bases y plataformas de sus campañas de re-elección. Pero el ejecutivo estadounidense tiene menos poderes y atribuciones que su homólogo chileno. Además de que los gobernadores y autoridades de los 50 estados federales se eligen democráticamente, el presidente estadounidense no tiene la capacidad de controlar la agenda legislativa, tiene menos influencia en la forma en que se aprueba el presupuesto e incluso necesita de la aprobación del Senado incluso para nombrar sus ministros y subsecretarios. El delicado balance de poderes entre el ejecutivo y el legislativo permiten a este último constituirse en un poderoso contrapeso a los afanes re-eleccionistas del mandatario estadounidense. Si bien ganar la Casa Blanca continúa siendo el premio mayor de la democracia estadounidense, los premios de consuelo del Congreso y de los gobiernos estatales no son para nada despreciables.

 

En Chile, en cambio, la Constitución otorga al ejecutivo tanto poder que el legislativo queda reducido a un actor de veto que puede obstruir, pero no re-direccionar, las prioridades legislativas del ejecutivo. Los parlamentarios no controlan la agenda legislativa ni pueden presentar proyectos de ley que impliquen gasto público. Además, las prerrogativas del Presidente incluyen el poder para nombrar y remover ministros, subsecretarios, embajadores y muchos jefes de servicio. Y aunque la centralización fiscal tiene efectos positivos, la centralización política que resulta del poder del presidente para nombrar intendentes regionales y gobernadores provinciales resultaría muy útil a la hora de construir la plataforma para la re-elección presidencial. De hecho, el académico estadounidense Peter Siavelis ha sugerido (The President and Congress in Post-Authoritarian Chile) que nuestro sistema es fuertemente presidencialista, pero que los presidentes son moderados. La introducción de la re-elección presidencial inevitablemente crearía incentivos para terminar con esa moderación. La preocupación con la re-elección llevaría al ejecutivo a usar sus poderes al máximo para ganar un segundo periodo. Aún los mandatarios más respetuosos de los pesos y contrapesos aprovecharían sus atribuciones constitucionales para mejorar sus posibilidades de salir re-electos.

 

Ahora que nos preparamos para abordar el último tema pendiente de la transición, el sistema electoral, también corresponde empezar a consensuar la agenda de las próximas reformas que nos permitan ajustar nuestro sistema político a las cambiantes necesidades y desafíos del mundo actual. Porque siempre podemos aprender de las experiencias vividas, nuestro sistema político debería evolucionar hacia mejores equilibrios que nos permitan fortalecer lo bueno y corregir lo malo. Aunque históricamente algunos han sugerido avanzar hacia un sistema parlamentario, sería menos riesgoso y más sabio redefinir primero, e incrementalmente, el balance de poder entre el ejecutivo y el legislativo.

 

Antes de dejar el poder, el presidente Lagos dejó planteada la discusión sobre una reforma que permita la re-elección por una sola vez, emulando el sistema estadounidense y también siguiendo el ejemplo de Brasil y Argentina. Ahora tenemos una inmejorable oportunidad para abordar el más profundo y significativo debate sobre los pesos y contrapesos que debieran existir entre los poderes del estado. El sistema institucional debiera estar diseñado para facilitar la gobernabilidad así como para permitir representatividad en el gobierno de ganadores y perdedores en las elecciones. Porque podemos corregir errores y desajustes que eventualmente constituyan amenazas a la estabilidad democrática, debiéramos redefinir los poderes y atribuciones del ejecutivo y del legislativo para hacer nuestra democracia más estable, madura, eficiente y flexible a los siempre cambiantes desafíos de este mundo que evoluciona más rápido que las instituciones democráticas.